En el ámbito del cumplimiento normativo y la prevención del lavado de activos, uno de los conceptos más críticos es el de persona políticamente expuesta (PEP). La correcta identificación de estos perfiles no es solo un requisito legal, sino una medida esencial para proteger a las instituciones de posibles riesgos de corrupción, soborno o malversación de fondos públicos que puedan derivar en delitos financieros.
Definición de persona políticamente expuesta (PEP)
Una persona políticamente expuesta (PEP) es aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes, ya sea en su país de origen o en el extranjero. De acuerdo con las directrices internacionales del GAFI, debido a su posición y la influencia que ejercen sobre presupuestos o decisiones estatales, estos perfiles presentan un riesgo inherente mayor de ser utilizados para canalizar recursos de procedencia ilícita, lo que requiere un monitoreo preventivo superior.
¿Quiénes entran en la categoría de PEP?
Según los estándares internacionales del GAFI los listados PEP suelen incluir:
Altos funcionarios del gobierno: jefes de estado, ministros y viceministros.
Poder judicial y legislativo: magistrados de cortes supremas, diputados y senadores.
Sector defensa: oficiales de alta jerarquía en las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad.
Empresas estatales: directivos y administradores de corporaciones donde el estado tiene participación.
El entorno extendido: PEP por asociación
El riesgo en materia de lavado de activos no se limita únicamente al funcionario. Las normativas exigen que la vigilancia se extienda a su círculo cercano para evitar el uso de terceros:
Familiares cercanos: cónyuges, padres, hijos y hermanos.
Asociados cercanos: socios comerciales o colaboradores íntimos que puedan actuar como beneficiarios finales de sus operaciones.
Debida diligencia reforzada: el protocolo necesario
Establecer una relación comercial con una PEP no está prohibido, pero sí exige medidas de debida diligencia reforzada para mitigar cualquier riesgo de lavado de activos. Esto implica:
Obtener la aprobación de la alta gerencia antes de vincular al cliente.
Determinar de manera exhaustiva el origen de los fondos y del patrimonio.
Realizar un monitoreo transaccional continuo y detallado.
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Registro centralizado: documentación automática de la consulta dentro del expediente digital del cliente (KYC).
Alertas configurables: notificaciones inmediatas ante cambios en la condición de un cliente o sus asociados.
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